El Pleno del Congreso ha decidido no convalidar el Real Decreto-ley 2/2026, norma que contemplaba, entre otras medidas, la extensión de la suspensión de los desahucios por impago de alquiler en casos de vulnerabilidad y la prohibición de interrumpir suministros esenciales. Con esta votación, la conocida como “moratoria antidesahucios”, vigente desde el inicio de la pandemia, pierde su respaldo legal.
Un resultado ajustado que tumba el decreto
La iniciativa no ha superado el trámite parlamentario tras obtener 172 votos favorables frente a 177 en contra y una abstención. Las formaciones que ya habían anunciado su rechazo —entre ellas PP, Vox y Junts— han sido determinantes para la caída del texto.
El decreto había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de febrero y entró en vigor tras su publicación en el BOE, pero necesitaba la convalidación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días para mantenerse activo. Al no producirse dicha validación, la norma queda sin efectos jurídicos de forma inmediata una vez se publique oficialmente su derogación.
Qué contemplaba la norma
El texto prorrogaba hasta el 31 de diciembre la paralización de lanzamientos y procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. Además, impedía el corte de suministros básicos y ampliaba descuentos del bono social.
En esta versión, el Ejecutivo había introducido una modificación relevante pactada con el PNV: los propietarios con dos o menos viviendas quedaban fuera del ámbito de aplicación de la suspensión en nuevos casos, trasladando a los servicios sociales la responsabilidad de proporcionar soluciones habitacionales de emergencia. En la práctica, la medida afectaba principalmente a grandes tenedores.
No obstante, el Congreso ya había rechazado semanas atrás un decreto anterior de carácter más amplio que incluía medidas similares, lo que anticipaba un desenlace complejo para esta nueva propuesta.
Compensaciones y vacío legal
Con la no convalidación, también desaparece el marco específico que regulaba las compensaciones económicas a propietarios por rentas no percibidas. Ahora surgen interrogantes relevantes:
¿Cuál es la fecha límite para solicitar indemnizaciones?
¿Qué ocurre con las solicitudes ya presentadas?
¿Existe cobertura para el periodo que transcurra hasta recuperar la posesión efectiva del inmueble?
En la práctica, el levantamiento de la suspensión no implica automáticamente la recuperación inmediata de la vivienda. Los procedimientos deben seguir los trámites establecidos en la Ley de Vivienda, incluyendo informes de servicios sociales y procesos de intermediación. Estos pasos pueden prolongarse durante meses, y no necesariamente contemplan compensación económica adicional durante ese tiempo.
Algunas comunidades autónomas han reconocido pagos hasta la fecha de solicitud, pero no siempre actualizan las cuantías hasta la efectiva recuperación del inmueble, lo que podría dejar periodos sin cobertura.
Reacciones del sector
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha valorado positivamente la caída de la moratoria, argumentando que su carácter excepcional se había desdibujado tras sucesivas prórrogas desde 2020. Según esta organización, la protección social no debería recaer indirectamente sobre propietarios particulares mediante la limitación temporal del uso de sus viviendas.
La entidad también reclama mecanismos ágiles y financiación pública específica para atender a familias vulnerables en procedimientos de desahucio, en lugar de trasladar la carga al ámbito privado.
Otras medidas que también quedan sin efecto
El decreto incluía además disposiciones en materia laboral y fiscal, como:
Restricciones a despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas vinculadas a costes energéticos o al conflicto en Ucrania.
Incentivos fiscales para pequeños autónomos y estímulos relacionados con vehículos eléctricos.
Medidas tributarias para afectados por la DANA de Valencia de 2024.
Disposiciones en materia de financiación territorial.
Todas estas medidas decaen junto con el resto del texto, salvo que el Gobierno decida reintroducirlas en una nueva iniciativa legislativa.
Otros decretos debatidos en la misma sesión
En la misma jornada parlamentaria se votaron otras tres normas:
Revalorización de pensiones: aprobada con amplia mayoría (317 votos a favor). Se confirma el incremento del 2,7% para pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026, con subidas superiores en pensiones mínimas y determinadas prestaciones.
Ayudas a víctimas de accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida: también convalidada, con compensaciones que varían según la gravedad de los daños y que alcanzan importes superiores en caso de fallecimiento.
Modificación de la Ley de Consumidores para permitir topes de precios en emergencias: rechazada con el mismo resultado que el decreto sobre desahucios.
Las normas aprobadas se tramitarán como proyectos de ley por la vía de urgencia.
¿Qué implica esto para el mercado inmobiliario?
Desde el punto de vista del sector residencial, la situación abre un periodo de incertidumbre normativa. Aunque la suspensión generalizada decae, los procedimientos en curso deberán ajustarse al marco legal vigente y a la Ley de Vivienda.
Para propietarios —especialmente grandes tenedores— la recuperación de la posesión no será automática y seguirá sujeta a trámites administrativos. Para inquilinos vulnerables, la responsabilidad de encontrar alternativas habitacionales recae en los servicios sociales.
Habrá que esperar para ver si el Ejecutivo impulsa una nueva propuesta legislativa o fragmenta las medidas en distintos textos.
